EL INFORME DE BAGUA: NI INDEPENDENCIA, NI VERACIDAD, NI PARA LA RECONCILIACIÓN. UNA BURLA MÁS... SÍ IMPORTA

“MATANZA FUE INICIADA POR NATIVOS, SEGÚN COMISIÓN AD HOC”

“Azuzadores distorsionaron la legítima agenda indígena en la Selva”
“La Policía actuó a la defensiva, pero su accionar no fue deficiente“
(Titulares de la portada de El Comercio, al día siguiente de la presentación del Informe elaborado por una parte de la Comisión N° 1 de Bagua)
Es bueno que haya quienes lo digan con todas su letras, sin tener que “dorar la píldora” por una u otra razón, sin importar a qué personajes con buena fama les cae el guante y sabiendo que una vez más se atraerá ataques y represalias, tomando en cuenta que lo que está en juego –política y económicamente– no es poca cosa: es realmente lamentable, grave y una muy mala señal el final tan infeliz que ha tenido la Comisión N° 1 de Bagua, la que tenía el importantísimo encargo de ayudar a esclarecer lo que ocurrió el 5 de junio del año pasado, a fin de establecer causas, consecuencias y recomendaciones.
A partir de un determinado momento el proceso de trabajo de esta Comisión se volvió absolutamente cuestionable, y, por eso mismo, el resultado final ha sido un informe suscrito solo por 4 miembros de la Comisión (Susana Pinilla y Pilar Mazzetti, dos ex ministras del actual Gobierno; el sociólogo Manuel Bernales; y el padre dominico Ricardo Álvarez Lobo) pero no por los otros tres comisionados (Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, quien renunció; además de Jesús Manacés, awajún, nada menos que presidente de la Comisión, y Maricarmen Gómez, hermana misionera de la congregación Siervos de San José, los que han presentado un documento explicando 43 razones por las que no firman y rechazan el informe referido. (Para ver el Informe de la Comisión y a partir de la página 97 el documento de los comisionados que no lo suscribieron, diríjase a: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc05012010-160741.pdf).
La firma sólo de 4 de los 7 miembros iniciales de la Comisión, significa que no se logró ni el menor consenso, lo que de por sí le quita al documento la legitimidad que habría tenido si, pese al carácter plural de la Comisión, se hubiese tenido la capacidad de llegar a algunos consensos básicos, identificando las diferencias insalvables y sus fundamentos.
Y, por tanto, se trata de un documento que no puede ser presentado como una especie de verdad oficial, tal como lo viene intentando hacer el Gobierno y su prensa. Solo expresa el punto de vista de cuatro personas, las que tienen en común su cercanía con el Gobierno o con las concepciones que éste tiene frente al país y especialmente frente a la Selva, y el haber estado dispuestos a hacer un informe por consigna, salteándose los pasos básicos que toda comisión plural debe respetar, como el hecho de tener una etapa en la que se puede sistematizar y analizar de manera conjunta las fuentes e insumos encontrados, algo que nunca se hizo realmente.
Pero lo más grave es que de la simple lectura del documento firmado por el referido grupo de los 4, salta a la vista una visión de lo que ocurrió absolutamente parcializada, politizada e ideologizada (Lo adjuntamos para que, por favor, se tomen el trabajo de leerlo, sobre todo a partir de la Cronología, y constaten directamente lo que acá decimos).
Sin la menor fundamentación y rigurosidad, se afirma de manera burda todo lo que le conviene a las altas autoridades del Gobierno, sea para salvarse de cualquier responsabilidad frente a lo sucedido (aunque para ello tenga que sacrificarse de manera desleal a militares y policías, cual “chivos expiatorios”); para golpear a rivales políticos, como el Partido Nacionalista; para que sea más fácil volver intentar a la fuerza la implementación de lo que disponían los decretos cuestionados; y, finalmente, para tratar de desprestigiar a los sectores que el oficialismo considera son un obstáculo para imponer sus planes en la selva y en el país en general, como de hecho lo son, determinados sectores, gremios y movimientos sociales, sectores de la Iglesia Católica, ONGs, medios de comunicación independientes, entre otros.
No importa si para llegar a ese resultado –política, económica e ideológicamente conveniente para la alianza que hoy gobierna el país– se tuvo que sacrificar la verdad y recurrir a falsas acusaciones contra instituciones y hasta personas con nombre propio.
El respeto a los muertos y heridos del 5 de junio, y a sus familiares –digámoslo, otra vez con todas su letras– fue dejado de lado, ya que la gravedad de lo ocurrido exigía un informe completamente distinto, que se basara en los criterios de –tal como se prometió al país– “independencia, veracidad y pluralidad”, y sirviera para la reconciliación y no para generar mayor desconfianza, sensación de engaño y enfrentamiento, lo que este informe seguro provocará, como ya se ha comenzado a ver.
Una muy mala señal, además, de cómo desde el poder político se interpreta el conflicto amazónico y de lo que realmente se quiera hacer en la Amazonía, al margen de todo debate nacional y de los derechos de los pueblos indígenas.

LOS HECHOS QUE HABÍA QUE ESCLARECER PARA QUE NO SE REPITAN

5 de junio del 2009: 23 policías muertos, 1 desaparecido y otros 35 heridos. Otras 10 personas muertas (entre indígenas y mestizos), aparte de otros 200 civiles heridos, 82 lesionados por proyectil de arma de fuego. Muerte y heridos de policías y civiles que ocurrieron en la parte de la carretera Fernando Belaunde (ex carretera Marginal) llamada La Curva del Diablo y en la estación N° 6 de Petroperú, dos lugares que quedan cerca de la provincia de Bagua, (Departamento de Amazonas), en la que también hubo muertos y heridos.
Hechos de sangre terribles e injustificables, que se dieron en un solo día en el contexto de un operativo policial destinado a desbloquear La Curva del Diablo, punto de la referida carretera que desde hacía 11 días estaba tomada por numerosos grupos de indígenas, apoyados visiblemente por la población de Jaén, Bagua y Utcubamba como parte de una protesta que se llevaba a cabo por toda la Amazonía del país.
Este operativo policial que supuestamente debía servir solo para desbloquear la carretera, resultó tan inoportuno, mal diseñado y violento (hasta el informe de Inspectoría de la Policía Nacional lo reconoce, según los medios de comunicación), que provocó la comisión de actos de violencia por determinados grupos de indígenas, igualmente injustificables y condenables.
Una protesta social que llevaba ya casi un año de duración, y que se había generado contra determinados decretos legislativos relacionados con la explotación de recursos naturales e inversión en la Selva del Perú, promulgados por el Gobierno, como parte de un paquete de más de 100 decretos legislativos, que se habían dado en aplicación de las facultades extraordinarias que el parlamento le había otorgado al Ejecutivo para legislar excepcionalmente en relación al Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos.
Los principales decretos, motivo de la protesta, terminaron finalmente derogados, tal como ya desde antes lo habían recomendado diversas instituciones (comisiones del Congreso, Defensoría del Pueblo y expertos) por inconstitucionales e inconvenientes.
En nombre de la reconciliación, el Gobierno decidió crear cuatro mesas de trabajo o comisiones, las mismas que fueron aceptadas –después de muchas dudas– por los grupos indígenas y sus organizaciones. Entre ellas, la decepcionante Comisión N° 1.

UN DOCUMENTO PARCIALIZADO Y NADA RIGUROSO, IGUAL QUE EL ANTERIOR, SOLO QUE MAQUILLADO

Recordemos que antes de este documento presentado el 21 de diciembre, hubo uno anterior, cuya versión final se puso en consideración de todos los miembros de la Comisión en los primeros días de diciembre para su firma, cuando el plazo de la Comisión, fijado mediante resolución ministerial, vencía el 9 de ese mismo mes. El Primer Ministro, Velásquez Quesquén, llegó a anunciar públicamente que el informe final sería presentado inexorablemente el domingo 13 de diciembre.
Un documento que en forma y fondo era tan malo que terminó siendo negado hasta por quienes lo hicieron y habían manifestado ya su disposición de firmarlo, teniendo éstos que salir a decir –mintiendo– que se trataba tan solo de una “lluvia de ideas”, no obstante que dicho documento ya había sido enviado a corrección de estilo y –como lo hemos dicho– faltaban muy pocos días para el fin de la Comisión. Y sin que en ese momento hubiera posibilidad de una prórroga, puesto que la mayoría de la Comisión no lo consideraba necesario; a diferencia de la minoría, que, por el contrario, exigía dicha extensión (se llegó a presentar una carta para ello, que no fue aceptada), para trabajar en conjunto el material recopilado durante tres meses, algo básico y elemental que hasta ese momento no se había ni comenzado a hacer.
Es decir ya se tenía el documento para firmar, pero no se habían tocado los insumos que se tenían, sobre los que debía basarse el informe. Ya que se trataba de insumos producto de una investigación colectiva, y no la suma de opiniones personales, sustentadas en fuentes proporcionadas desde el exterior de la Comisión, como terminó siendo en lo fundamental tanto el primer documento como el segundo.
Comparando los dos documentos, resulta evidente que las críticas que contra dicho primer documento formuló valientemente la hermana Maricarmen Gómez, una de las integrantes de la Comisión, primero en privado, y, luego, cuando no se le hizo ningún caso, públicamente, y que fueron asumidas por varios sectores de la opinión publica, forzó a que varios miembros de la Comisión que ya habían dado por terminada su labor, tuvieran que regresar a trabajar, con el fin de mejorar un documento a todas luces impresentable.
La prórroga del plazo a la que no se había accedido por nada del mundo, se fue dando pero de facto, porque hasta donde sabemos no existe ninguna resolución de por medio. Y luego de varios anuncios de presentación fallidos, recién el 21 de diciembre se presentó ante el Ministro de Agricultura el documento con las 4 firmas referidas.
Además de las 4 firmas, en el documento aparece el nombre de Jesús Manacés, pero sin su firma, lo que revela que hasta el final hubo quienes creyeron que lograrían que un representante indígena firmara un documento que, sin ningún fundamento, es manifiestamente anti-indígena.
Pero el nombre que arbitrariamente ni siquiera aparece, cuando también debería estar, es el de la comisionada Maricarmen Gómez, quien dejó de ser convocada por la Comisión, y hasta no se le permitió leer el documento cuando acudió para ello al Ministerio de Agricultura, donde se había depositado. Hechos que no solo revelan la intolerancia que marcó el desempeño de ésta a la Comisión, sino que constituyen hechos ilegales por los que se tendrá que responder. Parte de los comisionados o las autoridades del Ministerio no tenían ningún derecho de impedir unilateralmente que ella ejerciera las atribuciones que se le habían otorgado formalmente mediante una resolución ministerial.
Y por eso, este segundo documento, puede tener una mejor apariencia y presentación, pero en cuanto al fondo, a los contenidos, es tan deficiente y poco riguroso como el primero. Y es lógico que así fuera, puesto que en ese primer documento, ya la mayoría de la Comisión había expresado su real posición sobre lo sucedido y sobre lo que creían debía contener el informe, repitiendo lo fundamental en el segundo, aunque –como ya se ha dicho– con retoques formales.
Es así que en este segundo documento se entra a tratar lo que sucedió el 5 junio. Porque, aunque parezca increíble, la mayoría de los miembros de la Comisión había decidido anteriormente que la Comisión que, precisamente, había sido creada para ayudar a esclarecer los sucesos del 5 de junio (al punto que inicialmente se le denominó Comisión de la Verdad), en realidad no podía hacerlo, ya que eso era competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que ellos solo se referirían en su informe a las causas, consecuencias y recomendaciones y no a los hechos propiamente del 5 de junio.
Este fue uno de los puntos principales que criticó la comisionada Maricarmen, lo que provocó que se subsanara en el segundo informe, pero siguiendo la misma línea de fundamentación del primero, tal como explicaremos después.
También la parte general sobre la realidad amazónica, es menos impresentable y surrealista que la que se había consignado en la primera versión, pero se trata de una parte accesoria, ya que no se relaciona directamente con lo ocurrido el 5 de junio, y es en realidad parte del mandato de otra de las comisiones.
El otro cambio orientado a maquillar las posiciones expresadas en el anterior documento, son las referencias en este segundo a una parte del material que llegó a recopilar la Comisión, el que no aparecía para nada en la primera versión; otra de las críticas centrales por la que la comisionada Gómez se negó a firmar el documento anterior.
Sin embargo, la lectura del documento, deja claro que solo se recogen algunos testimonios, los que convienen para la línea central de argumentación, y hasta se llega a omitir, mutilar o descontextualizar determinadas manifestaciones, para que terminen diciendo lo que se quiere.
Si hay algo francamente burdo y cuestionable metodológicamente, es la manera tan poco rigurosa y profesional con la que se usan determinados testimonios y material audiovisual.
En resumen: los dos documentos –el anterior y el presentado– pecan de lo mismo, ya que no se sustentan en un trabajo llevado de manera rigurosa, en un plazo razonable y de manera conjunta por la Comisión del material que ésta llegó a acumular (testimonios, vídeos, documentos, visitas, entrevistas, inspecciones), como corresponde a la labor de toda Comisión. Ambos se sustentan en el mismo tipo de aseveraciones subjetivas, tendenciosas, sin una fundamentación mínimamente aceptable.
Pero dejemos que el informe exhiba estas características por sí mismo.

LA CAUSA CENTRAL DE LO OCURRIDO: LA MANIPULACIÓN DE INDÍGENAS POR ACTORES EXTERNOS

Abordemos en esta oportunidad, ¿cuál es la causa central de lo que pasó, según el informe? Se vuelve al planteamiento del día siguiente del 5 de junio: la existencia de indígenas que no se daban cuenta de que los decretos legislativos eran constitucionales y buenos para ellos y para todo el país.
Y no se daban cuenta por su ignorancia y desconocimiento y, sobre todo, porque sectores externos a ellos los manipulaban y engañaban, distorsionando el contenido de los decretos y azuzando la protesta y actos de violencia.
Explicación que se repite una y otra vez con total desparpajo:
“En Lima en la sede del Ministerio de Energía y Minas, se realiza una reunión de emergencia entre representantes del Estado, las federaciones del bajo Urubamba y las empresas petroleras y/o de servicios que operan en el bajo Urubamba. Los dirigentes indígenas manifiestan que nada conocen de la huelga indígena, que no conocen de los decretos polémicos ni de su contenido” (pág. 39).
“…se dictan los decretos legislativos dentro del marco del TLC (cuyo tecnicismo es difícil de entender a simple lectura), sin ninguna información ni explicación didáctica a la ciudadanía y especialmente a los pueblos amazónicos” (pág. 77).
“El dictado de los decretos, la falta de explicación inicial sobre los mismos fueron percibidos como un atropello a los reclamos amazónicos, y a sus derechos a ser informados y consultados, siendo el desencadenante que generó el paro y las movilizaciones amazónica a nivel nacional” (pág. 77).
Y en esa línea, se señala explícitamente como la primera de las “causas de las movilizaciones amazónicas recientes”:
1. “La promulgación de parte del Ejecutivo de una serie de decretos legislativos considerados por las organizaciones amazónicas como lesivos a sus intereses. Muchos de los artículos contenidos en los decretos legislativos cuestionados pueden ser válidos e inclusive necesarios, pero pierden su valor al no contar con la legitimidad de los aludidos” (pág. 77).
2. La ausencia de un proceso de diálogo y una adecuada explicación e información a la población indígena sobre el contenido de las normas y sus implicancias… (pág. 78).
Y ésa es la misma causa, por tanto, según este informe, de las muertes que se produjeron: “consideramos que los acontecimientos violentos que se cobraron vidas humanas en Curva del Diablo, Estación 6, Bagua y Utcubamba son atribuibles:
1. “Apresuramiento y falto de tacto del Ejecutivo, especialmente de parte de los sectores ministeriales autores de los decretos, de la delicada sensibilidad amazónica sobre temas territoriales y consulta” (pág. 82).
2. “Quienes sumándose a las justas reivindicaciones amazónicas contribuyeron a exacerbar los ánimos violentos y el espíritu combativos de los indígenas en defensa de su territorio tomando de la carretera dispuestos, y a su lucha hasta las últimas consecuencias y propiciaron las movilizaciones y actos violentos urbanos:…” (pág. 82).
¿Y quiénes son los que –como se afirma– “contribuyeron a exacerbar los ánimos violentos y el espíritu combativo de los indígenas y propiciaron las movilizaciones violentas urbanas”?
En esto, el informe de los cuatro, también recoge la versión oficialista de los primeros días después del 5 de junio, señalando de manera muy concreta y expresa la responsabilidad de los siguientes actores:
- … “en Bagua a diferencia de los otros lugares se dio la participación de otros actores que le dieron una connotación especial”, y luego se menciona a:
Congresistas nacionalistas, Ronderos, Reservistas, Sutep, Frente de Defensa de Bagua, medios de comunicación locales y nacionales (pág.79).
“Esta multiplicidad de actores que se sumaron a las legítimas protestas amazónicas generaron una distorsión de la agenda indígena, incluyendo pedidos fuera del marco de la protesta, ejemplo: exigir la renuncia del Presidente de la República, revocatoria del TLC y otros, produciendo falsas expectativas de solución, animando a la violencia, entorpeciendo las negociaciones y confundiendo al propio movimiento indígena y a la opinión publica” (pág. 79).
- La irresponsabilidad de informantes que magnificaron y falsearon los acontecimientos de La Curva del Diablo, generando reacciones vengativas.
Y es la presencia de estos elementos externos que exacerbaron los ánimos y los actos de violencia –se dice varias veces en el informe– lo que explica que en Bagua hubieron actos de violencia mientras que en otras partes de la Amazonía la protesta fuera pacífica:
“La gran pregunta es: ¿Por qué si la protesta fue en toda la amazonia solo generaron sucesos luctuosos de la magnitud de los de Bagua? O dicho de otro modo, ¿qué particularidades se dieron en Bagua que originaron la muerte de 23 policías, 10 civiles y 1 desaparecido?” (pág. 78).
“Otros elementos distintivos de fundamental importancia para comprender la particularidad de Bagua es que no hubo liderazgos locales convenientes comprometidos con la pacificación:
- En otras zonas de la amazonia surgieron liderazgos personales e institucionales de carácter regional y local que jugaron un papel fundamental, mediador y pacificador, contribuyendo a sosegar los ánimos y las pasiones, buscando el entendimiento y la razón, frenando el desborde por la magnitud del movimiento indígena.
- Se dio un equilibrio entre las fuerzas lideradas por indígenas y los esfuerzos pacificadores, como en el caso de la región San Martín, con el liderazgo del Presidente Regional y los de Atalaya, Timpia y Kirigeti, con el liderazgo de la Iglesia (pág. 80).
Mientras que en las ciudades de Bagua y Utcubamba –se agrega en el informe– “las organizaciones sociales, no indígenas, incluyeron sus propias agendas políticas y sociales.” (pág. 80).
Con esa misma lógica hay una serie de párrafos: “Los medios de comunicación locales difundieron permanentemente información no confirmada exagerando cifras y en algunos casos transmitiendo datos falsos lo que exacerbó los ánimos de los manifestantes que tomaron las instalaciones vengando a sus hermanos”.
“Las asociaciones civiles (ONGs) que desarrollan una importante cultura de derechos, con amplia difusión, hasta en los lugares más alejados, pero que no subraya el compromiso de deberes y responsabilidades como ciudadanos, ni promueve el diálogo intercultural para el entendimiento con el Estado”, son también consideradas en la lista de a quienes son atribuibles los acontecimientos violentos que cobraron vidas humanas en los distintos lugares de la zona.
Y de acuerdo a esta idea sobre el trabajo de las ONGs, se les recomienda nada menos que “su contribución debe entenderse como parte de una solución y no como el dictado de una fórmula única y excluyente”, y “realizar sus funciones dentro del marco de las leyes y normas del Perú” (pág. 86).
Ni siquiera la Iglesia Católica se salva de estar incluida en esta lista de sectores a los que informe considera que se les debe atribuir las responsabilidad de los acontecimientos violentos que cobraron nada menos que vidas humanas.
En efecto, el informe de los 4 es durísimo y sumamente injusto (ya que no aporta ninguna sustentación de lo dicho) sobre el papel de misioneros y religiosos en general que trabajan desde hace décadas en Jaén y Bagua:
“Algunos religiosos que se parcializaron con el movimiento indígena confundiendo su papel evangelizador y de equilibrio entre el Estado y la ciudadanía” (pág. 82). Y por eso en la parte de recomendaciones se hace un llamado a las iglesias cristianas “a una reflexión crítica sobre actos de ciertos miembros que han aceptado el uso o la amenaza de la fuerza como un método normal y legítimo de la interacción social” (pág. 86).
En varias partes del documento se da a entender que esta actitud de parte de los religiosos de las zonas donde hubo actos de violencia, es lo que explica que allí los hubiera, mientras que en otras partes de la Amazonia la protesta no dejara de ser pacífica, precisamente, porque en estas última la Iglesia tuvo otro tipo de comportamiento, más orientado a la conciliación.
Afirmación sumamente grave por la que tendrán que responder quienes firman el documento, entre ellos nada menos que un sacerdote: el sacerdote Álvarez Lobo, quien desde hace décadas trabaja en esas zonas de la selva, en las que los religiosos de su Iglesia tienen un comportamiento ejemplar, a diferencia de los religiosos de su misma Iglesia, pero que trabajan en las zonas de Bagua o Jaén.
Con justa razón, ya hubo pronunciamientos de Obispos y religiosos contra esta afirmación, que carece de la mínima sustentación. Para comenzar, ¿cómo la Comisión puede hacer una comparación ante lo que hace la Iglesia Católica en Bagua o en Jaén, a diferencia de lo que hace en otras zonas de la Amazonía, si dicha Comisión solo tiene competencia, y a ello se restringió en los hechos, para investigar lo ocurrido en Bagua y no en otros lugares? Prueba contundente que lo que se dice en este punto, al igual que en otros, son las opiniones subjetivas y personales de algunos de los miembros de la Comisión o que puedan ser funcionales a los objetivos del Gobierno en relación al conflicto de la Amazonía.
La visión del informe, en la que se ve azuzadores por todas partes, tiene momentos que llegan a niveles de alucinación como, por ejemplo, cuando en la cronología se consigna como un hecho que ocurre el 23 de mayo del 2009: “Una turba de 400 manifestantes impidió que técnicos reparen un motogenerador en la estación de Bombeo N° 6. Una pareja de periodistas belgas (CATAPA) los incita a tomar medidas radicales. Los técnicos tienen que pasar la noche en la intemperie” (pág. 41). Dos jóvenes holandeses –que son los que se volvieron conocidos porque tomaron varias de las primeras fotos en La Curva del Diablo–, con un poder de manipular a 400 manifestantes indígenas. Ni en las películas de antes.

ABSOLUTA FALTA DE RIGUROSIDAD Y SUSTENTACIÓN

Esta hipótesis sobre la causa central de lo que ocurrió (manipulación externa e ignorancia de los indígenas frente a decretos buenos) conlleva a tener que demostrar dos afirmaciones implícitas, lo que obviamente el informe no cumple:
1. Que los decretos en cuestión eran constitucionales y positivos, no habiéndose hecho los esfuerzos para comunicar estas características, contra quienes distorsionaban su contenido.
La pregunta es: ¿en qué parte del documento se hace un análisis para llegar a esa conclusión sobre el carácter de los decretos? En ninguna. Y no podría hacerse, porque para analizar el contenido de los decretos hay, precisamente, otra Comisión. Queda claro entonces que en el informe se asume, a priori, ideológicamente, por consigna, que los decretos eran positivos.
2. Que la desinformación o ignorancia de los indígenas fueron aprovechados por determinados sectores para manipularlos y azuzar el conflicto, violencia, espíritu guerrero, etc.
Al respecto, habría que comenzar considerando algo que en el propio informe se recuerda, en cuanto a la cantidad de población de la que estamos hablando. La Amazonía cuenta con una población de cerca de 4 millones de personas, de las cuales cerca de 400,000 viven en el Departamento de Amazonas: 43,311 viven en la provincia de Condorcanqui y 71,757 en la provincia de Bagua.
Con tanta población en toda la Amazonía, y con miles de miles de personas en los lugares donde se produjeron los hechos del 5 de junio, ¿tan fácilmente se puede hablar de manipulación, azuzamiento, engaño, desinformación? Difícil de creer.
Pero lo más importante en relación a este punto es que las graves imputaciones que en el informe se hacen contra determinados sectores, organizaciones y hasta personas con nombre propio, se basan en simples afirmaciones o en supuestos elementos probatorios insuficientes e inconsistentes.
Por ejemplo, a los Nacionalistas se les responsabiliza porque hubo un grupo de congresistas que concurrieron a una asamblea en el Cenepa y manifestaron su apoyo a la protesta con expresiones consideradas radicales; reunión a la que, por lo demás, también habían sido invitadas las autoridades, sin que hayan acudido, lo que por supuesto no se dice en el informe.
En otros casos, o se afirma simplemente o se basa en un solo testimonio escogido arbitrariamente. Por ejemplo, a los ronderos se les compromete por una afirmación que contra la autoridad de Alan García se hizo en presencia de un general de la policía. A los reservistas, se les involucra a partir de un testimonio anónimo que dice que tenían una presencia importante en las medidas de protesta. Lo cierto es que en la zona muchos indígenas son reservistas, lo cual lejos de ser un motivo de sospecha debería ser considerada una virtud.
En el caso de la Iglesia, la supuesta prueba fundamental es un vídeo con el logo del vicariato de Jaén, el que en realidad es un conjunto de vídeos no tomados por el vicariato sino recopilados por él, sobre lo que ocurrió ese día; los mismos además que en su momento fueron difundidos o conocidos por los medios de comunicación.
En el caso de las ONGs ni siquiera se precisan los nombres. Como tampoco se cita ninguna de las informaciones que supuestamente los medios locales habrían propagado fomentando a la violencia.
Se sabe que debe haber unos 100 testimonios recogidos, y sin embargo en el informe no se citan ni 10, la mayoría de ellos de autoridades civiles o policiales, a los que se le da el carácter de verdad absoluta.
La manipulación de testimonios también resulta evidente. Por ejemplo, los testimonios de Santiago Manuin, uno de los primeros indígenas en caer herido en La Curva del Diablo, el de Salomón, indígena también presente en el lugar de los hechos, terminan sirviendo, paradójicamente, en contra de la versión que ellos han declarado en otras oportunidades. O las declaraciones del Obispo de Jaén, las mismas que se saben fueron sumamente elocuentes y ricas, solo se usan para acreditar la presencia del rondero que habló contra García. Estas tres personas deberían exigir que se publique el íntegro de sus testimonios, porque es evidente que se han escogido solo determinadas partes con un afán manipulador.
De otro lado, se sabe que ha habido testimonios sumamente importantes y que simplemente se han omitido. Otro punto muy concreto por el que los firmantes del informe deberán responder, porque se trata de ocultamiento mal intencionado de información relevante.
Lo cierto, además, es que en ningún momento el íntegro de la Comisión adoptó una metodología para trabajar ordenada y rigurosamente todo lo que son testimonios, entrevistas, materiales audiovisuales, etc. Como ya se ha dicho, el primer documento se hizo sin haber tocado este material, y solo se incorporó una parte muy reducida durante los últimos días de elaboración del informe, en función de lo que a priori se quería decir en el informe, y cuando ya no todos los comisionados estaban presentes.
Reiteramos que hay que tomar en cuenta contra la hipótesis de la manipulación y el azuzamiento, que estamos hablando de una protesta que duró cerca de un año, y que involucró a toda la población indígena (cerca de 400,000 personas), apoyado visiblemente por casi toda la población mestiza o hispana que también vive en la amazonia (más de tres millones), abarcando un territorio que es más de la mitad de todo el territorio nacional.
Difícil de creer que estemos entonces ante una protesta, decisiones y hechos que responden a decisiones tomadas a nivel del partido de los nacionalistas, de las ONG, de los medios locales o del reducido grupo de religiosos que trabajan en la zona.
Existe un único punto de la versión oficialista original que nos ha sorprendido por haber sido dejado de lado en el informe: el del complot internacional. En efecto, hay que reconocer, que en el informe no se habla de Chávez, ni de Evo Morales como instigadores. ¿Se les pasó?

LAS RESPONSABILIDADES QUE FALTAN

En cuanto a responsabilidades, las omisiones también saltan a la vista
No hay, por ejemplo, ni una sola palabra sobre lo discutido y decidido en el Consejo de Ministros sobre Bagua. Seguramente por eso, Simon inmediatamente ha dicho que estamos ante un informe valiente y desapasionado.
Las responsabilidades oficiales obviamente no tocan a Mercedes Cabanillas, sino a generales de la Policía y del Ejército, que fueron los que –según el informe– diseñaron independientemente el operativo, o a otros que habrían incumplido con el apoyo ofrecido. La típica actitud desleal: escoger chivos expiatorios para salvar las responsabilidades de las principales autoridades.
En el caso de las empresas no se menciona para nada la gran cantidad de experiencia de inversión que ha habido en la zona y que ha generado desconfianza y rechazo. De ellas, lo que se dice es absolutamente benévolo: “Falta de estrategia de las empresas que incursionan en la zona y del Estado Nacional Regional y Local, de un diálogo intercultural con los nativos, seleccionando como interlocutores a las contrapartes nativas sin condiciones de liderazgo positivo” (pág. 83).

OTROS PUNTOS QUE TAMBIÉN CORRESPONDEN A LA VERSIÓN OFICIALISTA ORIGINAL

Nos hemos referido solo a lo que se consigna en el informe como causa central de los hechos del 5 de junio, pero en el mismo documento hay otros puntos tan o más criticables, que también corresponden a la versión oficialista de los primeros días después del 5 de junio, tales como:
- En La Curva del Diablo la policía solo actúa a la defensiva, y quienes atacaron fueron los indígenas (ni siquiera se precisa, por ejemplo, las armas que llevaban los cerca de 60 policías que antes de la 6 de la mañana tomaron las alturas de los cerros de La Curva del Diablo, y hasta se habla de armamento limitado, sin, por supuesto, sustentar).
- En relación a la Estación 6, si bien es innegable, injustificable y condenable que un grupo de nativos haya asesinado a policías, no se hace mención a la grave negligencia que significa el haber iniciado un violento operativo en La Curva del Diablo sin haber evacuado a los 34 Dinoes que estaban en dicha Estación 6, lo cual era perfectamente posible, como lo demuestra el hecho de que 5 días antes se haya podido concretar un relevo de Dinoes, y que durante los 55 días que duró la acción haya habido por lo menos 4 cambios en cuanto a ingenieros jefes de la Estación. El Comandante Montenegro, a cargo del grupo de Dinoes, que fue uno de los asesinados, ni siquiera fue advertido del inicio del operativo, tal como se le había ofrecido.

EL ESPANTOSO VÍDEO DE JUNIO CONVERTIDO EN INFORME

El informe es claramente un retroceso en términos de diagnóstico y recomendaciones de lo que hay que hacer, porque, tal como se ha dicho insistentemente, se ha vuelto a la versión primera del oficialismo, difundida durante los días posteriores al 5 de junio, la cual no fue creída por la población, de acuerdo a las encuestas de ese momento.
Por ello, creemos que este informe debería ser difundido con el vídeo que esos días se circuló en los medios donde se veía a salvajes indígenas, atacando violentamente a la policía, azuzados por actores e intereses externos.

LAS REACCIONES

Está claro que el oficialismo está feliz con el informe y por ello ha salido a defenderlo. Pero paralelamente ya viene generando muchas críticas en una serie de sectores independientes, por su falta de claridad y objetividad.
Sin duda será muy peligrosa la reacción que generará en los dos numerosos grupos de indígenas de la Amazonía. ¿Cuál puede ser la reacción frente a un informe que El Comercio, por ejemplo, ha resumido correctamente de la manera en que aparece al comienzo de este artículo?
Sobre todo porque este informe, que recoge fundamentalmente la versión oficialista y no recoge ninguno de los puntos de la versión que han dado los indígenas y sus dirigentes, se suma a una situación jurídico penal también absolutamente unilateral y parcializada.
Nos referimos al hecho de que ya hay un proceso penal contra los nativos que mataron a los policías en La Curva del Diablo; también hay otro proceso penal contra los s indígenas que mataron a los policías en la Estación 6, además de un tercer proceso penal contra la población que realizó los saqueos en Bagua.
Pero hasta ahora no hay ningún proceso penal contra los policías que mataron a nativos en La Curva del Diablo, ni contra los que mataron a población civil en Bagua.
En cuanto a las responsabilidades oficiales, lo único que hay hasta ahora son investigaciones fiscales en Bagua, que todavía no han dado origen ni a acusaciones ni a causas penales, y, recientemente, una denuncia que los familiares de los policías muertos en La Curva del Diablo y en la Estación 6 han interpuesto contra las más altas autoridades que estuvieron relacionadas con el diseño e implementación del operativo policial llevado a cabo el 5 de junio, a las que no se les imputa ningún tipo de responsabilidad en el informe firmado por los 4.
Las trayectorias profesionales de los integrantes de la Comisión, pese a la cercanía que tenían con el Gobierno o con las concepciones de éste frente al país y a la Selva, generaron algunas expectativas, mínimas pero importantes. Sin embargo, el resultado final está muy debajo de estas mínimas expectativas, lo cual quiere decir que estas personas terminaron –como ya varios analistas han dicho– decepcionando; finalmente antepusieron esa cercanía con el oficialismo y sus concepciones, a la verdad y a la justicia.

AUTOR : Ernesto de la Jara Basombrio
FUENTE : IDEELE


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